El Consejo de Estado confirmó el fallo que obliga a la Alcaldía de Ibagué y a la Policía Metropolitana a desalojar el asentamiento ilegal “Villa Resistencia” y recuperar el predio ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar, tras evidenciar afectaciones a la seguridad, el espacio público y el medio ambiente.
El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la sentencia que ordena al Municipio de Ibagué recuperar el lote invadido en la Ciudadela Simón Bolívar, donde se consolidó el asentamiento conocido como “Villa Resistencia”. La decisión deja en firme las medidas para restablecer el orden urbanístico y ambiental del sector.
El alto tribunal resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía de Ibagué contra el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que había protegido los derechos colectivos de los residentes de las manzanas 77 a 83 de la tercera etapa del barrio.
La acción judicial fue promovida por habitantes de la zona, quienes denunciaron que la invasión generó un aumento en hurtos, expendio de estupefacientes, deforestación y ocupación indebida del espacio público. Según los demandantes, estas situaciones afectaron la tranquilidad y la calidad de vida de la comunidad.
En su providencia, el Consejo de Estado señaló que, aunque se adelantaron algunos operativos y actuaciones administrativas, las medidas no fueron suficientes para frenar nuevas ocupaciones ni garantizar la recuperación integral del terreno. Por ello, confirmó las órdenes impartidas en primera instancia.
Entre las disposiciones, se ordena actualizar el censo de las personas asentadas en el predio y, posteriormente, iniciar el proceso de desalojo en articulación con la Policía Metropolitana, Cortolima, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes. El plazo máximo para cumplir estas acciones será de seis meses.
La sentencia también establece la realización de operativos periódicos contra estructuras delincuenciales que operen en el sector, así como la implementación de vigilancia permanente para evitar nuevas invasiones una vez se ejecute el desalojo.
Adicionalmente, el Municipio deberá formular un proyecto de espacio público recreativo en el terreno recuperado, con el fin de garantizar su uso adecuado y prevenir futuras ocupaciones ilegales. La recuperación ambiental será parte fundamental del proceso.
Con la decisión en firme, las autoridades locales quedan obligadas a ejecutar las órdenes judiciales bajo la supervisión de un comité de verificación. El fallo concluye que se comprobó la vulneración de derechos colectivos, especialmente por el incremento de hechos delictivos y la afectación en la percepción de seguridad de los habitantes del sector.
