Un informe revela que miles de colombianos están asumiendo entre el 7% y el 90% de sus ingresos para comprar medicamentos que las EPS no entregan, mientras se disparan las tutelas, reclamos y quejas en todo el país.
La Defensoría del Pueblo advirtió un deterioro estructural sin precedentes en el derecho a la salud en Colombia, alertando que el sistema se encuentra al límite de su capacidad. El informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” expone que miles de pacientes deben pagar entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales para adquirir los medicamentos que las EPS no les entregan. Esta situación incrementa la desigualdad y vulnera directamente derechos fundamentales de la población. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que el panorama es preocupante y exige acciones inmediatas. El país enfrenta un riesgo real de colapso sanitario.
El estudio evidencia que las fallas en la entrega de medicamentos afectan a todos los tipos de afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Sin embargo, la crisis golpea con mayor fuerza a comunidades rurales, étnicas y territorios con baja conectividad, donde las barreras de acceso se profundizan. La Defensoría recogió testimonios de pacientes que deben viajar durante horas para obtener fármacos esenciales, muchas veces sin éxito. Para la entidad, esta situación es una muestra de la persistente inequidad territorial. El derecho a la salud no se está garantizando de manera efectiva.
A partir de una encuesta aplicada a 3.449 usuarios del sistema, se identificaron seis medicamentos con mayores fallas de entrega: Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. Estos fármacos, fundamentales para enfermedades crónicas y trastornos mentales, representan una carga económica que muchas familias no pueden sostener. Hasta septiembre de 2025 se registraron 584 medicamentos diferentes no entregados por las EPS, y de 1.798 casos analizados, el 48% continúa sin solución. Esta situación compromete la continuidad de tratamientos esenciales. El impacto profundiza la vulnerabilidad social.
El aumento de tutelas evidencia la gravedad del problema: entre enero de 2020 y agosto de 2025 se radicaron más de un millón de acciones ante la Corte Constitucional por el derecho a la salud. Solo en 2025, el 33,8% de las tutelas correspondieron a este derecho, siendo el segundo más invocado en el país. Del total de casos, el 36,8% estuvo relacionado con la negación o entrega tardía de medicamentos. La Defensoría acompañó 18.451 tutelas este año, de las cuales una cuarta parte se centró en la falta de acceso a fármacos. Los departamentos más afectados fueron Quindío, Caldas y Antioquia. La judicialización continúa en ascenso.
La Superintendencia Nacional de Salud también reportó cifras alarmantes: 685.000 reclamos por medicamentos no entregados, con un promedio de 1.600 quejas diarias. A esto se suman 107.000 quejas presentadas ante la Defensoría entre 2022 y 2025. Solo en 2024 se registraron 35.000, un 32% más que el año anterior. Entre enero y agosto de 2025 se radicaron 28.000 quejas adicionales relacionadas con demoras en atención y fallas en procesos de dispensación. La entidad recolectó información del Ministerio de Salud, Supersalud, Corte Constitucional, Contraloría y Procuraduría. Los datos exponen un panorama crítico de largo alcance. La crisis ya es sistémica.
Las regiones con mayores vulneraciones al derecho a la salud incluyen Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia. Otras zonas afectadas son La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío. La defensora Iris Marín Ortiz afirmó que la desigualdad social y económica es una causa estructural del problema. El desabastecimiento, antes asociado a medicamentos de alto costo, ahora alcanza productos esenciales de atención primaria. La regresividad del sistema se evidencia en cada nivel de acceso. Las brechas territoriales amplían el riesgo sanitario.
Como medida de respuesta, la Defensoría instaló Puestos de Mando Unificado en 18 departamentos y realizó 45 reuniones con entidades del sector salud y órganos de control. Los testimonios recopilados revelan impactos emocionales severos: frustración, agotamiento y pérdida de confianza en el sistema. Incluso se registraron episodios de violencia hacia el personal médico por parte de usuarios desesperados. Estos espacios han permitido identificar fallas administrativas, problemas de abastecimiento y debilidades en la supervisión estatal. La entidad continuará realizando un seguimiento constante. El objetivo es activar rutas de solución eficaces.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, entre ellas garantizar transiciones más seguras en cualquier reforma al sistema de salud y fortalecer la compra, logística y distribución de medicamentos. “El Gobierno no puede evadir su responsabilidad en garantizar el derecho a la salud”, aseguró Marín Ortiz. La Defensoría exige priorizar a las regiones más afectadas y tomar medidas urgentes para evitar un colapso mayor. El sistema requiere ajustes estructurales que permitan proteger a millones de pacientes. La crisis demanda una respuesta inmediata y contundente.
