Un establecimiento fue sancionado por no cumplir requisitos legales ni condiciones de seguridad, además de aplicar tarifas superiores a las autorizadas por la administración municipal.
La Alcaldía de Ibagué ordenó la suspensión temporal de un parqueadero tras evidenciar múltiples irregularidades en su funcionamiento, luego de atender una queja presentada por un ciudadano.
El operativo de verificación permitió identificar que el establecimiento no cumplía con los requisitos legales exigidos para operar, lo que encendió las alertas de las autoridades locales frente a la prestación del servicio.
Durante la inspección, se constató la ausencia de documentos obligatorios como la póliza de responsabilidad civil extracontractual, el certificado de uso del suelo expedido por Planeación y el concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud.
Asimismo, el lugar no contaba con el certificado de seguridad del Cuerpo Oficial de Bomberos, un requisito esencial para garantizar condiciones adecuadas tanto para los vehículos como para los usuarios.
Otro de los hallazgos relevantes fue la falta de acreditación del pago del impuesto de industria y comercio, a pesar de que el establecimiento llevaba más de un año registrado en la Cámara de Comercio.
La asesora de la Oficina de Atención al Consumidor, Lina Rincón, señaló: “También identificamos que no cumplía con condiciones básicas de seguridad y organización, como señalización adecuada, demarcación de espacios, zonas para bicicletas y la resolución de categorización que fija las tarifas. Incluso, se estaba cobrando por encima de lo autorizado por la Administración Municipal”.
Ante este panorama, y con apoyo de la Policía Nacional, se procedió a imponer la medida correctiva de suspensión de la actividad económica, mientras el establecimiento subsana las irregularidades detectadas.
Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios de parqueaderos para que cumplan con la normativa vigente y garanticen un servicio transparente, invitando además a la ciudadanía de Ibagué a denunciar cualquier cobro abusivo o vulneración de sus derechos como consumidores.
