El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia expidió una resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, estableciendo precios mínimos por zona basados en costos de producción y condiciones regionales. La medida busca proteger a los productores, garantizar la seguridad alimentaria y combatir prácticas ilegales como el contrabando, con un enfoque en la sostenibilidad y competitividad del sector arrocero.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de Colombia promulgó este viernes una resolución que regula los precios del arroz paddy verde bajo un régimen de libertad regulada, tras recibir el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este acto administrativo, de carácter excepcional y transitorio, responde a la necesidad de proteger a los productores agrícolas, promover el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria, principios consagrados en la Constitución.
La normativa establece precios mínimos de adquisición por tonelada de arroz paddy verde, diferenciados según las principales zonas productoras del país. Los valores definidos son: Bajo Cauca, $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa Norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387; y Santanderes, $1.555.398. Estos montos se calcularon tras un análisis técnico que consideró los costos de producción y las particularidades regionales, con el objetivo de asegurar ingresos justos para los productores.
Martha Viviana Carvajalino, ministra de Agricultura, destacó que la resolución será monitoreada de manera permanente para evaluar su impacto. Además, se complementará con un régimen similar para el arroz blanco y un plan de choque contra el contrabando, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). “Este es un paso hacia la estabilización del sector y la consolidación de la soberanía alimentaria”, afirmó la ministra.
Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, subrayó el compromiso de su cartera para implementar medidas que fortalezcan la competitividad del sector arrocero. Entre estas, se incluyen el análisis de instrumentos de defensa comercial y el refuerzo de controles aduaneros para evitar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos, una práctica que afecta gravemente a los productores nacionales.
La resolución también impone obligaciones a los compradores, quienes deberán reportar semanalmente en la plataforma SIRIARROZ los precios pagados, las toneladas adquiridas, el municipio de compra, el molino o planta involucrada, y las condiciones de pago y financiamiento. Esta medida busca garantizar transparencia en las transacciones y facilitar el seguimiento de la cadena de comercialización.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución será reportado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que tomará las medidas correspondientes. Esta supervisión refuerza el carácter vinculante de la normativa y su objetivo de proteger los intereses de los productores frente a prácticas desleales en el mercado.
El Gobierno nacional, a través del MADR, hizo un llamado a los actores de la cadena productiva, de transformación y comercialización del arroz para trabajar en un acuerdo que promueva la estabilidad del sector. Este pacto busca no solo garantizar la sostenibilidad económica, sino también fortalecer la competitividad del arroz colombiano en el mercado interno y externo.
Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el desarrollo rural y la protección del campesinado. La regulación de precios y las medidas complementarias representan un esfuerzo integral para enfrentar los desafíos del sector arrocero, asegurando su viabilidad en un contexto de crecientes presiones comerciales y económicas.
